Primeros auxilios: PAS

¿Tienes claro cómo y cuándo actuar en caso de accidente?.
1º Proteger, 2 Avisar y 3º Socorrer; por ese orden (PAS)

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Cadena RCP

Cadena RCP, conocerla salva vidas

Luchar contra el «no denuncio porque a veces me trata bien»

Luchar contra el «no denuncio porque a veces me trata bien»

Un policía pontevedrés imparte cursos de defensa personal dirigidos a victimas de malos tratos y ayuda a las víctimas a reconocerse como tales. 

Los caminos de Alejandro Gómez Aragón, instructor policial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Pontevedra, y de María, nombre ficticio de una joven víctima de violencia sexista, se cruzaron hace unos años cuando desde el Centro de Información á Muller la remitieron a los cursos de defensa personal que, periódicamente, dirige este agente. «Me metieron sin yo querer ir porque no me entraba en la cabeza lo de ser una mujer maltratada», recuerda María, quien reconoce que, pese a haber rehecho su vida, hace poco que ha comenzado a asumir esta situación.
Aquel curso que empezó con cierta reticencia acabaría siendo un punto de inflexión para esta joven. De hecho, ella misma señala que hacerlo ha supuesto «poder salir a la calle sin miedo, poder ir a donde quieras e, incluso, poder contestarle al teléfono, porque aún me llama, y era algo que antes no podía».
A su lado, Alejandro señala que el comportamiento inicial de María es habitual en un alto porcentaje de mujeres que sufren violencia sexista, «no se reconocen a sí mismas como víctimas. Este es uno de los principales problemas que tenemos y es uno de los motivos por lo que no interponen denuncias o no dan el paso».
En el caso de esta vecina de Moaña, no solo sí dio el paso para salir del infierno en el que vivía, sino que incluso llegó a enfrentarse con el compañero de una vecina cuando, presuntamente, la estaba agrediendo. Ocurrió este miércoles por la noche. Tras «tres meses de episodios de violencia (...), llamando continuamente a la policía y avisándola», ya entrada la madrugada escuchó gritos en la calle que luego continuaron dentro de la vivienda.
Aprovechando que «él siempre deja la puerta abierta», María accedió al interior del piso. Allí se encontró con un individuo «de dos metros intentando tirar la puerta [del dormitorio] abajo y ella dentro de la habitación suplicándole que no hiciera ruido».
«Me vi reflejada en todo. Así como vi a mi ex reflejado en él, yo me reconocí en ella totalmente», señala. Apunta que, en este tipo de situaciones, las víctimas siempre están más pendientes del qué dirán los vecinos, de que su pareja no haga ruido, que de los golpes, los insultos y vejaciones que este le dirige.
Su relato continúa con ella, cara a cara, con el compañero sentimental de su vecina. «Tuve que meterme dentro porque la mataba, en ese momento, la vi muerta. Antes de que él viniese hacia mí, porque ya le observé la cara que me puso, me acordé de los cursos» y aplicó lo que había aprendido. «Alex siempre me reñía en los cursos. Me cogía la mano y me decía -al tiempo que simula un golpe hacia el rostro- ‘‘que me des más fuerte’’, porque apenas le tocaba».
En esta ocasión, su mano sí que impactó con fuerza contra el rostro del presunto agresor hasta el punto que, según parece, le causó una fisura en la nariz. Posteriormente, la Guardia Civil de Cangas se hizo cargo de este último.
Alejandro no deja pasar la ocasión de advertir que, si bien comprende la reacción de María, no es, ni mucho menos, lo que aconseja en los cursos que imparte. «Lo que hizo es, quizás, el extremo y no se lo recomendaría a nadie, ni se lo recomendaría a ella si me lo hubiera preguntado».
En cualquier caso, este episodio supuso para María revivir el calvario que ya creía haber dejado atrás: «Fue duro, pero también vergonzoso. Se me cayó la cara de vergüenza de ver la actitud de ella, de no querer denunciar, y verme a mí en ella». La respuesta de su vecina la dejó aún más, si cabe, echa polvo: «Es que no puedo denunciarlo porque a veces me trata bien».
«Es habitual», insiste Alejandro, quien como Policía Nacional en Pontevedra ya se ha encontrado en muchas situaciones similares. Es por ello que destaca que los cursos de defensa personal enfocados a víctimas de violencia machista no solo contribuyen a que las mujeres «prevengan los comportamientos violentos, que sepan identificarlos», sino que contribuyen a reforzar su autoestima. Y es que «si una víctima no es consciente de que está siendo violentada, no se puede defender. El primer paso es que sepan identificar las señales del maltrato y, luego, se establecen una serie de estrategias defensivas desde el punto de vista psicológico y físico».
En el supuesto de que la agresión sea inevitable, se les enseñan unas técnicas que les permitan sacarse de encima a su agresor de forma rápida y efectiva. «No es un curso para aprender a dar tortazos», remarca Alejandro, quien deja claro que todo tiene un único objetivo: «Sobrevivir». 

Fuente:http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2016/05/07/denuncio-veces-me-trata-bien/0003_201605P7C4991.htm?platform=hootsuite
Via a Twitter @Sup_Policia

http://elagentedeseguridad.forosactivos.net/t5296-luchar-contra-el-no-denuncio-porque-a-veces-me-trata-bien#8404

Faltar al trabajo puede no ser causa de despido

Faltar al trabajo puede no ser causa de despido

*¿Qué pasa si a tu empresa se le olvida bajarte el sueldo?
*Se puede romper un contrato laboral si le bajan de categoría

Aunque el Estatuto de los Trabajadores contempla la posibilidad de extinguir el contrato laboral por faltas de asistencia, la Justicia analiza caso por caso si las circunstancias justifican o no el despido.
El absentismo laboral cuesta más de 9.000 millones de euros al año a la Seguridad Social y a las empresas. El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores contempla la posibilidad de extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo -dentro de unos determinados parámetros-. Sin embargo, recientemente se han dictado varias sentencias en las que los tribunales rechazan el despido de empleados que se han ausentado de sus puestos por diversos motivos. La gran variedad de supuestos hace necesario estudiar caso por caso.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco ha dictado una sentencia en la que afirma que la inasistencia prolongada al lugar de trabajo no equivale mecánicamente a una extinción laboral por dimisión.
En este caso, se trataba de una trabajadora en excedencia que solicitó una prórroga, pero no le fue concedida, advirtiéndole la empresa que, de no incorporarse el día previsto, se entendería que causaba baja voluntaria en la compañía. La trabajadora no se incorporó y 15 días después fue dada de baja. El tribunal señala que la empresa no podía cursar dicha baja sin más y apunta que no existió notificación de una carta de despido ni alusión a reiteradas faltas de asistencia al trabajo. La sentencia determina que no ha existido abandono o dimisión tácita de la trabajadora y declara la improcedencia del despido.
Por su parte, el TSJ de Galicia ha declarado improcedente el despido de una empleada de una empresa familiar, mujer de un miembro del consejo de administración, que fue cesada al día siguiente de reformarse la estructura societaria y quedar su esposo fuera del órgano rector.
Argumentaron que fue despedida por absentismo laboral, al no haber ido a trabajar en el último mes, algo que no se pudo demostrar. Y en cuanto a la libertad de horarios y de jornada, la sentencia tiene en cuenta el hecho de que existiera una cierta tolerancia por parte de la empresa sobre la jornada de trabajo desde el inicio de la relación laboral, dada la existencia de lazos familiares.
En otra sentencia, el TSJ de Madrid consideró improcedente el despido disciplinario de un empleado de un ayuntamiento que se ausentaba muy a menudo del trabajo. El consistorio alegaba que lo hacía sin justificar la causa debidamente y se amparaba en que el empleado había presentado certificados médicos que justificaban sus ausencias en lugar de partes médicos de baja oficiales.
El tribunal señala que no es exigible presentar partes médicos de baja cuando no consta que se haya iniciado una situación de incapacidad temporal y, además, destaca que el hecho de que las ausencias del trabajador, a quien se diagnosticó "crisis migrañosa crónica reagudizada", sean muchas o constantes no justifica el despido disciplinario, porque no consta que, de forma consciente y voluntaria, pretendiera transgredir la buena fe contractual ni eludir deliberadamente sus obligaciones laborales.

Despido procedente

Sí fue declarado, en cambio, despido procedente el de un trabajador que decidió no incorporarse al trabajo tras una baja laboral alegando que la empresa le debía los salarios de octubre a febrero y la paga extra de Navidad. En este caso, el TSJ de Asturias se posicionó a favor de la compañía señalando que los incumplimientos empresariales en materia de salarios justificarían el ejercicio por el trabajador de una acción de extinción indemnizada al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, pero no permiten desvirtuar los efectos previstos para las faltas de asistencia injustificadas al puesto de trabajo.
En otro supuesto, el TSJ de Navarra sentenció que huir de la Justicia y estar en situación de busca y captura no era excusa para no ir a trabajar. De este modo, daba el visto bueno al despido de una profesora de euskera que huyó cuando iba a ser detenida por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista.

Fuente: http://ftsp-usolaspalmas.blogspot.com.es/2016/05/que-pasa-si-tu-empresa-se-le-olvida.html?spref=tw&m=1

http://elagentedeseguridad.forosactivos.net/t5295-faltar-al-trabajo-puede-no-ser-causa-de-despido#8403

Sindicatos de seguridad privada inician acciones contra la Policía por no sancionar a las empresas

POLÍTICA/ PATRICIA LÓPEZ
Sindicatos de seguridad privada inician acciones contra la Policía por no sancionar a las empresas

La primera denuncia es contra un inspector jefe que no expedientó a las empresas que gestionan el centro de control de La Moraleja, a pesar de no estar bien instalados los sistemas de alarma. La multa habría llegado a los 30 millones de euros, según los denunciantes.

MADRID- Los trabajadores de Seguridad Privada llevan desde 2011, cuando el PSOE cambió la legislación denunciando la instalación de sistemas no homologados de alarma y viodevigilancia, sin que la Policía, encargada de inspeccionar y abrir expedientes a las empresas, haya obligado a cumplir la normativa. Por eso la Intersindical que los reúne ha decidido comenzar a interponer denuncias caso por caso, como el ahora denunciado, que afecta a 961 usuarios de La Moraleja (Madrid).

La denuncia interpuesta va dirigida contra el inspector jefe de la Sección de Inspecciones que, desde que se implantó la nueva normativa, debió abrir distintos expedientes contra Seguridad La Moraleja S.L y Prosegur, encargados de instalar sistemas de alarma que no estaban homologados. Los denunciantes aseguran que “sólo por los sistemas de alarma en La Moraleja los expedientes sancionadores debían haber sido por una falta grave o muy grave y la multa ascendería a 30 millones de euros”. También le atribuyen a este funcionario concreto por su “inacción y la falta de incoación de expedientes sancionadores por faltas graves (3) y muy graves (10.000)” a esta empresa en toda España “casi 300 millones de euros que la Administración ha dejado de recaudar”.

Fue ese año cuando presentaron los primeros escritos ante la Unidad Central de Seguridad Privada (UCPS) de la Policía Nacional, dirigida por el comisario Esteban Gándara, “que nunca ha hecho caso a nuestras denuncias que ponen en peligro, como en este caso, no ya a los trabajadores, sino a los usuarios de estos servicios que son carísimos y que en la mayoría de las ocasiones no están homologados”, según la responsable sindical.

Los sindicatos elevan la cuantía no recaudada por Hacienda en 15.000 millones de euros.

Sumando los expedientes a todas las empresas de seguridad que podrían conllevar multa por instalar sistemas no homologados en centros comerciales, bancos, universidades o urbanizaciones de todo el territorio español, los sindicatos elevan la cuantía no recaudada por Hacienda en 15.000 millones de euros.

“Vista la pasividad del comisario Gándara y de la Unidad Central decidimos poner las denuncias directamente en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, ante el comisario Eugenio Pino, que no sólo ha seguido el mismo camino de no abrir expedientes si no que ha mantenido al comisario en su puesto. Aquí habría que pensar dónde acaban muchos de los policías cuando se van a segunda actividad o se jubilan, porque la puerta giratoria con las empresas de seguridad que deberían ser sancionadas es muy habitual”, asegura la portavoz de los denunciantes.

El caso Moraleja

En la lujosa zona de La Moraleja, en Madrid, -donde vivió por ejemplo la cantante Isabel Pantoja, que sufrió un robo- en 2011 el inspector avisó a Seguridad La Moraleja de que no cumplía los requisitos de una central receptora de alarmas, lo que suponía la apertura de un expediente por una infracción muy grave. No se abrió dicho expediente y se decidió subcontratar a Prosegur para esa parte del trabajo.

Sin embargo, “un año después tuvimos que volver a denunciar a ambas empresas ante la Policía debido a que los sistemas seguían infringiendo las leyes de seguridad. Pero nunca nos contestaron”, asegura la portavoz de la Intersindical que añade: “Los 961 sistemas de seguridad de los vecinos de La Moraleja no eran bidireccionales como decía la ley. Es decir, cuando saltaba la alarma, era imposible saber qué zonas se habían activado, la ubicación concreta de las mismas, ni los datos del titular”.

Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada.

Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada. En el caso de los sistemas no bidireccionales, que no identifican claramente a los usuarios sino que lo hacen con las siglas “BB”, el problema está en que además “Prosegur llegó a reconocer ante las quejas de los trabajadores que carecía de los teléfono válidos para localizar a clientes, las incidencias no se pueden gestionar directamente con los afectados”.

La situación llegó a ser “tan grotesca”, aseguran en su escrito, que con fecha 30 de octubre de 2012, “se produjo una situación de incomunicación en la receptora de SEGURIDAD LA MORALEJA por ‘caída de servicio’, de manera que ni en PROSEGUR ni en el centro de control de SEGURIDAD LA MORALEJA se recibían señales de los cientos de sistemas de seguridad no homologados de la FASE I (BB). La UCSP siguió sin intervenir, poniendo en peligro los bienes de los usuarios de esta urbanización”.

Finalmente y después de años de quejas, en 2014 la Unidad Central de Seguridad Privada contestó a los sindicatos que la inspección de productos sin homologar “no es competencia” de la Policía. “Ciertamente, la UCSP es una institución inservible para el ciudadano y solo parece tener una función: facilitar el 'negocio" a las grandes empresas de seguridad de España”, aseguran en su escrito.

Fuente: http://m.publico.es/politica/1959441/sindicatos-de-seguridad-privada-inician-acciones-contra-la-policia-por-no-sancionar-a-las-empresas

http://elagentedeseguridad.forosactivos.net/t5294-sindicatos-de-seguridad-privada-inician-acciones-contra-la-policia-por-no-sancionar-a-las-empresas

El asesinato del vigilante del atunero vasco "pudo haberse evitado"

El asesinato del vigilante del atunero vasco "pudo haberse evitado"

Juan Manuel Marchante Martínez, el vigilante de seguridad presuntamente asesinado el pasado 8 de abril, cuando prestaba servicio el atunero vasco Txori Gorri no debió morir a manos de su compañero. La empresa debería haber reemplazado a su presunto asesino cuando recibió varias comunicaciones de Marchante sobre el estado de su subordinado.
¿Qué es lo que evitó que se produjera ese reemplazo a pesar de que Juan Manuel Marchante debía tener la consideración de la empresa, tanto por su experiencia –fue infante de marina- como por sus dotes de mando? Posiblemente los gastos que ocasionaba el reemplazo del vigilante o el poco tiempo que quedaba para terminar su misión.
De todas formas, tres personas en un barco no darían abasto para repeler un ataque. Se necesitan al menos cuatro y si puede ser, cinco. No sólo por cuestiones de operatividad, sino porque se trata de un destino muy distinto a los habituales en los vigilantes de seguridad al unirse tanto los riesgos de la misión como el aislamiento durante seis meses. Una bomba de relojería en cualquier persona con algún tipo de perturbación. No necesariamente porque no estuviera en condiciones de embarcar, sino porque la presión hubiera podido con ella.
Esas son algunas de las conclusiones a las que llega Sergio G. Ueda Tsuboyama, director de seguridad y perito en seguridad ciudadana y seguridad privada, además de docente en seguridad privada en la empresa Quorum Formación.
La cuestión ha salido a la luz debido a los últimos casos que han ocurrido, el de la muerte de joven isleño es el que ha encendido todas las alarmas y que ponen en entredicho a todo un sector en el que los intereses de las empresas de formación no siempre coinciden con los de las empresas, amén de que se ha aprobado una Ley que se ha quedado corta para conseguir los propósitos que han venido demandando los enseñantes.
La Ley de Seguridad Privada 5/2014 fue aprobada hace ya dos años y “aún seguimos sin un reglamento acorde a dicha normativa que regularice y ayude a modernizar el sector. Muchos pensábamos que la seguridad privada se iba a regularizar de forma real y efectiva, que no iba a ser un ‘lavado de cara’”.
Distintos especialistas coinciden en que a esta ley le falta mucho para llegar a ser tan efectiva como debería ser. Las agresiones hacia vigilantes de seguridad y la desprotección frente a éstas, que es una de las más viejas reivindicaciones de este sector, aún no se materializa de forma real y efectiva. Así como las horas de formación que deberían incrementarse tampoco han visto una transformación cercana a la realidad. Y finalmente, la realización de pruebas psicotécnicas y evaluaciones psicológicas periódicas, así como toxicológicas simplemente no figuran en esta nueva ley.
Sobre el tema de la protección jurídico-legal “he sido claro con respecto a mi posición en cuanto a que la protección jurídica debe ir acompañada de una mayor formación y de la mano de una mayor selección de mejores profesionales a través de exámenes psicotécnicos, toxicológicos y psicológicos”. Esto no va a garantizar que se “cuele” alguna persona desequilibrada o aficionada a sustancias tóxicas, pero sí sería un primer gran paso para quedarse con los mejores trabajadores de la seguridad privada.
“Aunque no conozco a fondo los pormenores de tremendo caso, me atrevería a decir que este caso guarda mucha similitud y es fiel reflejo de lo que acontece en muchos servicios. Es decir, las empresas a través de sus respectivos jefes saben perfectamente lo que acontece en cada servicio, pudiendo muchas veces prevenir estos actos, pero por dejadez, desidia o simplemente porque no les interesa el bienestar psicológico de los demás trabajadores no hacen absolutamente nada”, dice Uedo.
Limitàdose a lo que se ha sabido por la prensa y a lo que le han contado compañeros del sector, 
Marchante informó hasta en tres ocasiones a sus superiores del comportamiento del otro vigilante. “ ¿Quién tiene entonces la verdadera responsabilidad de lo que allí sucedió? ¿La empresa por hacer caso omiso a su responsable de equipo? ¿La UCSP por no ejercer un real control de los cursos que se imparten? ¿O el Ministerio del Interior por no exigir un control psicológico y psicotécnico a los vigilantes de seguridad?, se pregunta Ueda.
“Como se puede ver, el trágico resultado es la suma de una serie de errores que ha desembocado en este luctuoso hecho, que desde mi humilde punto de vista se pudo haber evitado si la empresa de seguridad hubiera desembarcado al presunto homicida al primer informe recibido”, dice de forma concluyente.
“¿Y por qué digo también que la Unidad Central de Seguridad Privada tiene parte de culpa? Porque sencillamente ellos a través de la Unidad de Doctrina y Educación deberían incrementar las horas de formación para los cursos de formación específica, que es uno de los requisitos básicos para subirse a un barco”.
Ueda considera “imposible y una tarea harto difícil” que un vigilante aprenda en diez horas (porque las otras diez son no presenciales) las normas básicas de combate en un barco, o cómo actuar frente a un ataque terrorista o cómo repeler un abordaje. Todo esto no se aprende en una tarde.
¿Y el Ministerio del Interior? “Pues la culpa de ellos es permitir que vayan en un atunero sólo tres vigilantes de seguridad ¿Y cuándo descansaba este personal? ¿Cuando tocaba tierra solamente? A todas luces se ve que se permitió la salida a faenar de dicho barco con sólo tres agentes, cuando lo normal son cuatro o cinco”.
Pero el perito todavía llega más lejos.¿Cómo se permitió que un vigilante de seguridad con un perfil un tanto violento, siga embarcado tantos días? “Aquí es donde radica la responsabilidad de la empresa. También es preciso aclarar una cuestión que la prensa por desconocimiento ha estado propagando: la evaluación psicológica que realizan los vigilantes de seguridad para obtener la licencia de armas es solamente una sola vez antes de obtenerla, y cada cinco años se repite de nuevo”.
Esta evaluación se puede hacer en cualquier clínica o consulta privada. “Mi sugerencia es que al igual que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, los vigilantes de eguridad deberían ser evaluados por estos psicólogos adscritos a estos cuerpos. Pero no sólo para la obtención de la licencia de armas, sino para el acceso mismo a la profesión. Estoy seguro que de esta forma limitaríamos el acceso a esta profesión de un gran número de personas que ve en la seguridad privada un medio de escape a sus frustraciones o una válvula de escape o quizás se piensa que en este trabajo tendrá emociones fuertes”.
El trabajo de la seguridad privada es un sector que quema mucho, ya que el vigilante se haya en medio de muchas decisiones a las que a veces tiene que hacer frente y no quiere quedar mal ni con el cliente ni con la empresa, dice Ueda.
Y más si el cliente no tiene ni idea que a ese trabajador lo regula una ley, la misma que regula faltas y sanciones de empresas y personal de seguridad. De hecho hay el artículo 30 habla de los principios de actuación. “Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos: Legalidad, integridad, dignidad en el ejercicio de sus funciones, orrección en el trato con los ciudadanos, congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos.
También habla de la proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación, de la reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones y de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal de seguridad privada estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a facilitarles la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando”.
¿Cuántas veces no hemos leído o sido testigos de alguna mala actuación de algún vigilante de seguridad? ¿Quién tiene la culpa entonces si un vigilante trata mal a la gente, no actúa dignamente, o se dedica a divulgar “sin querer queriendo” secretos profesionales que guarden relación con su servicio, etc, etc?
“Pienso que el único culpable es la empresa que permite todas estas actitudes en los malos profesionales. Y claro, los malos trabajadores estarán siempre encantados con este tipo de empresas y de malos jefes”.
“Sea como fuere, me atrevo a decir que este no será el último caso que suceda, es triste reconocerlo pero es la verdad. Y ya sabemos que decir la verdad en este país no es políticamente correcto”, dice Ueda, a la vez que se pregunta cuantos vigilantes más tienen que morir asesinados para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.
¿Hasta cuándo tendremos que tolerar malas actuaciones de gente que no tiene la más remota idea de los que es brindar vigilancia y protección? “Cuando me he pronunciado sobre este tema en congresos o en algunos foros, la gente siempre se piensa que hablo de los nuevos vigilantes de seguridad, pero no; tanto entre trabajadores muy antiguos como entre los nuevos he encontrado gente frustrada o que se cree que por tener 15 ó 20 años de vigilante ya lo sabe todo y no acepta que el ser humano está en constante aprendizaje. Como siempre digo a mis alumnos “el primero que está aquí para aprender soy yo”.

Fuente: http://ftsp-usolaspalmas.blogspot.com.es/2016/05/juan-manuel-marchante-martinez-el.html?spref=tw&m=1

http://elagentedeseguridad.forosactivos.net/t5293-el-asesinato-del-vigilante-del-atunero-vasco-pudo-haberse-evitado

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para localizar posibles víctimas obligadas a realizar vídeos pornográficos.

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para localizar posibles víctimas obligadas a realizar vídeos pornográficos. 

Tras la detención, hace unos días, de un conocido director y productor de cine porno español

Los agentes han localizado varios vídeos protagonizados por una menor en el servidor central de una de las empresas del director de cine porno arrestado

Esta víctima denunció haber sido captada en un bar de Madrid para participar en la grabación de vídeos pornográficos, tras aceptar en un principio, cuando empezó a negarse fue coaccionada y obligada contra su voluntad a grabar escenas mediante el uso de sustancias estupefacientes

Además, en una de las páginas web del productor, los agentes encontraron publicado un vídeo protagonizado por otra menor y para cuyo visionado completo había que pagar una determinada cantidad de dinero

No se descarta encontrar nuevas víctimas, por lo que se ponen a disposición de los ciudadanos dos medios de contacto, estrictamente confidenciales, por si alguna persona tuviera conocimiento de algún hecho relacionado: el teléfono 900 10 50 90 y el correotrata@policia.es

En el operativo también han sido arrestados cuatro miembros de la empresa de la que es titular, así como un ciudadano de nacionalidad ucraniana vinculado con la red que proveía mujeres para realizar los actos sexuales

Agentes de la Policía Nacional solicitan la colaboración ciudadana para tratar de localizar posibles víctimas obligadas a realizar vídeos pornográficos, tras la detención el pasado 25 de abril de un conocido director y productor español de cine porno. En la investigación posterior, los agentes han localizado varios vídeos pornográficos, protagonizados por una menor, en el servidor central de una de las empresas del arrestado. La víctima denunció haber sido captada en un bar de Madrid para participar en la grabación de vídeos pornográficos, tras aceptar en un principio, cuando se negó fue coaccionada y obligada contra su voluntad a grabar escenas pornográficas mediante el uso de sustancias estupefacientes.

Además, uno de los vídeos protagonizado por otra menor fue publicado en la web del director pornográfico, siendo necesario pagar una determinada cantidad de dinero para poder visualizarlo en su totalidad. Ante la posibilidad de encontrar nuevas víctimas, se han puesto dos medios a disposición de los ciudadanos, en los que pueden denunciar, de manera estrictamente confidencial, cualquier hecho relacionado con lo sucedido: el teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es. Han sido arrestados, además, otros cuatro miembros de la empresa, así como un ciudadano ucraniano que les proveía de mujeres para realizar los actos sexuales.

La investigación fue impulsada a raíz de la denuncia de una menor que manifestó haber sido captada en un conocido bar de copas de la capital para participar como actriz en la grabación de vídeos pornográficos. Si bien aceptó inicialmente, se negó después, por lo que fue coaccionada y obligada contra su voluntad a grabar este tipo de escenas mediante el uso de sustancias estupefacientes. En el momento que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, cruzaron los datos con los de otra investigación llevada a cabo por la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos en la que dos mujeres, una de nacionalidad española y otra extranjera, denunciaron en la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia estar siendo obligadas a prostituirse.

Deep web y sistemas de voz encriptados en sus actividades ilícitas

La relación de todo ello llevó a los policías a dar con un entramado internacional que, supuestamente, proveía de mujeres ucranianas para rodar escenas pornográficas, a menudo en contra su voluntad. Captaban a chicas con problemas económicos en su país de origen, las proveían de la documentación necesaria para entrar en España y una vez aquí las alojaban, dejándolas encerradas, en ocasiones, en la oficina en la que tenían lugar las grabaciones. Muchas de ellas no tenían conocimiento de la actividad que iban a realizar ni de la dureza de las prácticas a las que eran sometidas. Posteriormente, los vídeos elaborados eran difundidos en Internet a través de las diferentes páginas web de pornografía que gestionaba el empresario.

En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron averiguar que existían flujos de dinero a paraísos fiscales, así como ingresos y reintegros de pequeñas cantidades económicas mediante el procedimiento conocido como "pitufeo". El empresario español recibía grandes cantidades de dinero de una persona que, supuestamente, se habían obtenido de actividades ilícitas. En el transcurso de la investigación los policías detectaron el uso de sistemas de alta tecnología en sus actividades, tales como la Deep Web o sistemas de comunicación por voz encriptados, creyendo que, con ellos, podrían eludir la acción policial.

En total han sido detenidas seis personas, el empresario español, cuatro miembros de la empresa, así como un ciudadano ucraniano, quien proveía de mujeres para realizar los actos sexuales.

Con el objetivo principal de localizar y liberar a las víctimas se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en Madrid, en la vivienda y la empresa del principal investigado y en un lujoso hotel de la capital. Se han intervenido 17 ordenadores, 6.000 euros en efectivo, equipos de videograbación, material gráfico, material para la grabación de videos pornográficos y otros efectos como prueba de los abusos cometidos.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo I Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central, el Grupo I de Protección al Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, el Grupo 25 Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, el Grupo 2 Fraude Fiscal de la UDEF Central y la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en colaboración con la UPR, Guías Caninos y el GOIT.

NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes de su llegada en el siguiente enlace: http://prensa.policia.es/registro.rar

Fuente:http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/5933527/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_currentURL%3D%252Fes%252Fweb%252Finterior%252Fprensa%252Fnoticias%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_portletAjaxable%3D1#

http://elagentedeseguridad.forosactivos.net/t5290-la-policia-nacional-solicita-la-colaboracion-ciudadana-para-localizar-posibles-victimas-obligadas-a-realizar-videos-pornograficos#8398

¿QUE HACER SI NO LLEGA EL RELEVO EN EL SERVICIOS DE VIGILANCIA?

¿QUE HACER SI NO LLEGA EL RELEVO EN EL SERVICIOS DE VIGILANCIA?

Muchas veces, ante la falta de personal de seguridad privada y de la falta de previsión de los Departamentos de Servicios de las Empresas de Seguridad, sobre todo en las épocas estivales o periodos vacacionales, es cada vez más frecuente que nos encontremos que las empresas de seguridad privada pretendan cubrir con sus actuales plantillas, la contratación y el consiguiente aumento de los nuevos servicios esporádicos. Esto implica que muchos vigilantes de seguridad a la finalización de su jornada se encuentran que no llega ningún compañero para relevarle, llegando a prolongar su jornada por encima de lo legalmente establecido y más allá de lo que la capacidad física de cualquier persona puede aguantar, imposibilitándole realizar el servicio con total garantía.

Vigilante depreAdemás nos encontramos que cuando la empresa en este tipo de situaciones no es capaz de resolver que no llegue un relevo, suele utilizar la amenaza o coacción para que nos mantengamos en el puesto de trabajo y no le abandonemos; esto no es así, para que tuviera complicaciones legales la decisión voluntaria de abandonar el centro de trabajo, tendría que llegarse a unos extremos límites y donde se demuestre la verdadera mala fe por parte del vigilante de seguridad, para que esto sucediera.

Las empresas de seguridad y el Ministerio del Interior siempre han pretendido que la responsabilidad en el abandono voluntario del puesto de trabajo recaiga siempre en el vigilante de seguridad a través del régimen sancionador del Reglamento de Seguridad Privada y el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad.

Ante un abandono justificado del servicio del personal de seguridad privada por la imprevisión de la empresa de seguridad, os ACONSEJAMOS que sigáis los siguientes pasos:

a) Comunicar a la empresa de seguridad nuestra decisión de abandonar voluntariamente el servicio, si no es capaz de facilitar un relevo.

b) Si no se consigue localizar a ningún responsable de la empresa de seguridad, se intentara localizar al responsable de la empresa donde trabajamos y le informamos de lo que sucede.

Guardar las pruebas de que se ha estado llamando telefónicamente a los responsables de nuestra empresa de seguridad o cliente.

c) Reflejar detalladamente en el Informe Diario los motivos que han motivado el abandono del servicio, horarios de las llamadas a responsables y el horario de salida de las instalaciones, guardar siempre una copia del informe diario.

d) Si hay algún responsable o trabajador en el centro de trabajo, informarle de nuestra decisión de abandonar las instalaciones y hacerle entrega de las llaves que tengamos a nuestro cargo, después de dejar cerradas todas las dependencias.

e) Llamaremos al número gratuito 900 350 125 (24h.) de la Sala de Coordinación Seguridad Privada a nivel Estatal, para informarles de lo acontecido.

f) En el caso de que nos encontremos solos, avisaremos a las Fuerzas de Orden Publico (Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Autonómica) para que se trasladen a nuestros puesto de trabajo y levanten acta de los motivo del abandono del servicio y si lo estiman oportuno que se hagan cargo de la seguridad del centro de trabajo, también como en “punto d” les facilitaremos las llaves del acceso a las dependencias a custodiar.

g) Al día siguiente informaremos a nuestros representantes sindicales para traten de evitar en un futuro este tipo de situaciones y si es necesario formalizar denuncia ante la Inspección de Trabajo y el Departamento de Seguridad Privada de nuestra Comunidad.

Las empresa de seguridad tienen la obligación de garantizar la sustitución del personal y la prestación del servicio en las mismas condiciones en las que se venia prestando hasta el momento de la sustitución. Por el incumplimiento de estos requisitos la empresa de seguridad podría ser responsable de una infracción grave, a tenor de lo dispuesto en los artículos de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, respectivamente.

En caso de síntomas de enfermedad grave, el abandono de servicio está más que justificado.

Fuente: http://www.academianuevovertice.es/que-hacer-si-no-llega-el-relevo-en-el-servicios-de-vigilancia/

http://elagentedeseguridad.forosactivos.net/t5288-que-hacer-si-no-llega-el-relevo-en-el-servicios-de-vigilancia#8396